CELESTE LÓPEZ | lavanguardia.com | 04/04/2025
Las
comunidades autónomas han dado el visto bueno al Plan de Acción de Salud Mental
2025-2027, que apuesta por garantizar el uso “adecuado” de fármacos que evite
la “medicalización del malestar cotidiano” y que potencia otras alternativas
disponibles. Entre las medidas, la deprescripción de antidepresivos e
hipnosedantes en virtud de la evidencia científica, al comprobarse que muchos
de estos fármacos, prescritos para un momento determinado, acompañan al
paciente durante largos años o toda su vida.
Frente a
la deprescripción, se apuesta por fomentar la prescripción social, ocupacional,
cultural, de ejercicio físico y terapéutico como enfoques complementarios en la
atención sanitaria y social. La prescripción social busca mejorar la salud y el
bienestar al conectar a las personas con actividades como grupos de apoyo,
programas de ejercicio, talleres, o voluntariado, entre otros. Y la prescripción ocupacional se centra en recomendar
actividades significativas y adaptadas a las capacidades y necesidades
individuales, promoviendo la autonomía, participación social y la mejora de la
calidad de vida.
El texto que hoy han amparado las
comunidades del PP ( muy similar al que rechazaron en febrero) cuenta con 39
millones de euros para desplegar ocho líneas de actuación, encaminadas a
alcanzar un modelo de atención más humanizado, con más profesionales y un uso
más adecuado de psicofármacos.
El plan establece el refuerzo de los
recursos humanos: más profesionales y mejores condiciones
Además de la citada deprescripción y uso racional de los
medicamentos, el plan establece el refuerzo de los recursos humanos. Esto pasa
por aumentar el número de profesionales y mejora de sus condiciones, a través
de medidas como la planificación de la oferta en la Formación Sanitaria
Especializada o la creación de la especialidad de Psicología Clínica de la
Infancia y de la Adolescencia.
También
propone elaborar un plan integral para prevenir los ingresos y promover modelos
alternativos de hospitalización en episodios de crisis de salud mental. En este
punto, se apuesta por potenciar la atención domiciliaria, hospitalización parcial,
casas de crisis u otras alternativas que garanticen y protejan la autonomía y
derechos de las personas con trastorno mental durante las crisis.
Otro de los objetivos es orientar
la atención a los derechos humanos de las personas con problemas de salud
mental, la humanización a la hora de tratarles y la lucha contra el
estigma, con alternativas a la contención mecánica o reduciendo las
intervenciones involuntarias, mejorando el registro y seguimiento de éstas con
un registro estatal.
Otro de los objetivos es orientar la
atención a los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental
Y se defiende que estas personas puedan planificar de
forma anticipada las decisiones sobre su atención sanitaria y se desarrollará
en un documento dentro de sus historias clínicas.
Otro de los puntos incluidos es el abordaje de problemas
de salud mental en contextos y colectivos de mayor vulnerabilidad. El
documento cita residentes en regiones rurales o de difícil accesibilidad,
personas mayores, migrantes y desplazados de zonas en guerra o catástrofe,
desempleados, víctimas de trata, abuso sexual o violencia de género, colectivo
LGTBIQ+, personas en exclusión social o con discapacidad.
El plan, que propone instaurar una vigilancia
epidemiológica para lograr datos objetivos, homogéneos y de calidad, presta
especial interés en la atención a las personas más vulnerables, sobre todo, a
los adolescentes y jóvenes.
La salud mental y trabajo: atención a los
trabajadores expuestos a riesgos psicosociales
También hay un apartado sobre salud mental y trabajo,
donde se plantea acciones como crear una guía de identificación y comunicación
de la sospecha de trastornos mentales derivados del entorno laboral o la
vigilancia de los trabajadores expuestos a riesgos psicosociales.
El pasado febrero la Sociedad Española de Psiquiatría y
Salud Mental (SEPSM) se había desvinculado por considerar que suponía una merma
de los recursos humanos y un mayor estigma de la salud mental por usar términos
como deprescripción. Sin embargo, el resto de sociedades científicas, desde la
Asociación Española de Salud Mental (AEN-PSM) a la Sociedad Española de
Psicología Clínica-Anpir o la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia
del Niño y del Adolescente (Sepypna), pasando por los equipos técnicos de todas
las comunidades, mantuvieron su respaldo tal y como estaba.
