Acusa al programa de RTVE de utilizar al niño con
fines mendicantes y pide 15.000 euros de indemnización
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El Ministerio Fiscal ha
presentado una demanda en un juzgado de primera instancia contra RTVE, el
programa Entre todos y la productora
Proamagna por vulnerar presuntamente los derechos a la imagen y a la intimidad
personal y familiar de un niño con discapacidad. La Fiscalía pide una
indemnización para el menor de 15.000 euros por daños y perjuicios.
En el caso objeto de la
demanda, a la que tuvo acceso este diario, el Ministerio Fiscal considera que
se utilizó la imagen del niño enfatizando su discapacidad “con fines
conmiserativos” y mendicantes, aludiendo reiteradamente a datos sensibles de su
vida familiar. Además, el menor era fácilmente identificable, pues en la
emisión del programa se facilitó el nombre y apellidos del padre, así como las
iniciales del menor. Por otra parte, su rostro apareció en pantalla “débilmente
pixelado” y el resto de su imagen quedaba a la vista de los espectadores,
facilitando su identificación.
La demanda, que ya ha
sido admitida a trámite, se hace extensiva, como “responsables solidarios”, a
Proamagna, productora de Entre todos; Nicolás Díaz Bustos, director
del programa, y RTVE. Una portavoz de la Corporación confirmó a este diario que
han recibido la demanda y están estudiando las alegaciones.
En la misma, se asegura
que ni el progenitor, ni RTVE ni los responsables del programa Entre todos
informaron al Fiscal del uso de la imagen e intimidad del menor en el citado
programa, en contra de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982
de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y la propia
imagen.
La citada norma establece
que el consentimiento debe otorgarse por escrito por el representante legal,
pero añade la obligación de este último de poner en conocimiento previo del
Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Esta comunicación, que no actúa
como censura previa, es necesaria para dar validez al consentimiento del
representante legal.
La Fiscalía de Menores,
que en este caso actúa de oficio, considera que los responsables del espacio
utilizaron indebidamente la imagen de un niño con discapacidad y exhibieron
públicamente datos sensibles de su vida personal y familiar.
De hecho, se incluyó
información sobre el ámbito personal, escolar, familiar y vecinal en el que el
niño desarrolla habitualmente su vida. “Con tantos datos personales y
referencias identificativas, el niño pudo ser identificado perfectamente en su
círculo más próximo”, fundamenta la Fiscalía. En su argumentación, considera
que la imagen que se ha transmitido del niño con discapacidad en el programa
dista mucho de ser integradora. “Cae de lleno en la óptica
caritativo/paternalista de la desgracia familiar enfatizando negativamente la
discapacidad”, añade la demanda.
Reiteradas denuncias del Cermi
El Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad, más conocido por sus siglas Cermi, ha exigido varias veces a RTVE
la retirada inmediata de la parrilla de la televisión pública del programa
Entre todos por proyectar con reiteración una imagen contraria a los derechos,
la inclusión y la participación regular de las personas con discapacidad en la
vida social, y que el ámbito de la discapacidad percibe como hirientes y
lesivas.
Para el Cermi, “la gravedad de los contenidos del
programa es máxima cuando trata casos de niños y niñas con discapacidad en
situación de necesidad, en los que no se respeta la legislación vigente que
protege reforzadamente la privacidad y el derecho a la intimidad y a la propia
imagen de estos niños”.
El programa que se emite por las tardes en La 1 trata
casos de personas que pasan por dificultades económicas y solicita ayuda
financiera en directo a su audiencia. El programa, que conduce Toñi Moreno, ha
recibido numerosas críticas
de diversos colectivos que han pedido su retirada.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales, denunció el espacio al Defensor del Pueblo para que
considere la posibilidad de remitir la queja a la Fiscalía General del Estado,
por el abuso en la instrumentalización de los menores “con el recurso fácil de
la lástima y la compasión con el débil”.
También lo hizo el Consejo General de Trabajo Social
quien denunció el “periodismo amarillo y rancio” de un programa que “vulnera la
dignidad de las personas” por llamar “al llanto y la lágrima” y potenciar “la
lástima hacia la persona necesitada”.
