MARINA PINILLA |
Ethic | 26/01/2023
Aunque todos los
ciudadanos tenemos derecho a la salud mental, la atención psicológica sigue
siendo en realidad un privilegio reservado para unos pocos. Cambiar este
paradigma no es una cuestión exclusivamente social o moral, sino también
económica.
El 10 de diciembre de 1948, los entonces cincuenta y ocho Estados
miembros de la Asamblea General de la ONU se reunieron para consensuar y
proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Del total de 30
artículos, son varios los que hacen referencia a la salud, aunque ninguno haga mención a su
esfera psicológica.
No era un documento obligatorio o legalmente vinculante, pero sí
sentó un precedente para que veinte años más tarde se convirtiese en un texto
de rango constitucional en nuestro país. La Constitución Española recogía su
validez y ampliaba a 169 el número de artículos con el objetivo de garantizar
la justicia, la libertad, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos
españoles. Lamentablemente, se ignoró un requisito indispensable para alcanzar ese
objetivo: la salud mental.
«Se reconoce el derecho a la protección de la salud», puede leerse
en el artículo 43 de la Constitución Española, la cual deja claro que «compete
a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». A pesar de dichas
palabras, no fue hasta 1993 cuando se introdujo oficialmente la figura del
psicólogo en el Sistema Nacional de Salud. En aquel año, el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publicó un total de 52 plazas como Psicólogo Interno
Residente (PIR), según los datos del Ministerio de Sanidad. En 2022, en cambio, el número
de plazas ascendió a 231. ¿Son suficientes? Ni mucho menos.
La salud mental en
el siglo XXI
Han cambiado muchas cosas durante las primeras décadas del siglo
XXI, pero puede que la desestigmatización de los problemas de salud mental sea
una de las más importantes: se habla de depresión, suicidio y ansiedad
generalizada con una normalidad apabullante y necesaria. Un gran avance que no se debe
a las medidas preventivas prometidas por la Constitución, sino al esfuerzo de
todas las personas anónimas que lograron derribar el tabú.
En
España, hay un psicólogo clínico por cada 16.667 habitantes
Hoy, el mensaje es tan claro como conciso: pide ayuda psicológica si la necesitas. El problema es dónde encontrarla. En España, hay un psicólogo clínico por cada 16.667 habitantes. Algunas de estas personas tienen la suerte de contar bien con un seguro de salud en su empresa que cubre la terapia psicológica o bien con un salario que les permite afrontar ese gasto. Otras, las más jóvenes y escolarizadas, pueden recibir atención psicológica privada gratuita gracias al seguro escolar. Sin embargo, muchas dependen única y exclusivamente de la Seguridad Social, y al recurrir a ella se encuentran con una cruda realidad: largas listas de espera y medicalización del sufrimiento.
«Pasaron dos meses hasta que tuve la primera consulta», relata
María José, madrileña de 58 años que acudió a su médico de cabecera en busca de
una cita con un psicólogo clínico por una depresión con ideaciones suicidas. La
primera línea de tratamiento fueron los psicofármacos. «Recuerdo muy mal aquellos
meses. Estaba muy confundida. Necesitaba hablar con alguien y que me ayudasen a
salir del hoyo, no unas pastillas para acomodarme en él», reflexiona.
Enrique, salmantino anónimo de 35 años, vivió una experiencia
similar. Tras quedarse sin trabajo durante la pandemia, pidió a su médico una
derivación al psicólogo de la Seguridad Social. Este se negó. «Me dijo que yo
no necesitaba un psicólogo, que ya si eso me recetaba él algo. Que lo que tenía
que hacer era trabajar. Claro que necesitaba trabajar, pero en aquel momento
tenía unas crisis de pánico que no me dejaban dormir por la ansiedad. Era algo
diario. No lo soportaba más», se lamenta. No obtuvo la cita pese a su
insistencia, pero sí una receta de Alprazolam y Sertralina, una benzodiacepina y un
antidepresivo respectivamente.
No son casos aislados: son la evidencia de que, a día de hoy, la
salud mental sigue siendo un derecho por conquistar; cambiar este paradigma no
es una cuestión exclusivamente social o moral, sino también económica.
Muchas
personas dependen únicamente de la Seguridad Social, que cuenta con largas
listas de espera y una fuerte medicalización del sufrimiento
En el contexto de la salud, nos encontramos con tres tipos de costes. En primer lugar, los
directos, que son aquellos relacionados directamente con la tecnología
sanitaria evaluada y abarcan el personal, la hospitalización, las pruebas
diagnósticas, las intervenciones, los medicamentos, el transporte al hospital,
la infraestructura o los servicios informales, entre otros aspectos. También
existen los costes indirectos, que hacen referencia a los cambios en la
capacidad productiva de la persona que padece un problema de salud, siendo el
caso más extremo la mortalidad, pero también la incapacidad laboral o las
prestaciones por dicho motivo. Finalmente, los costes intangibles son aquellos
que se relacionan con el sufrimiento del paciente y que prácticamente nunca se
tienen en cuenta.
Según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Médicas Hospital del Mar, en el año 2014 los trastornos mentales supusieron un gasto de 46.000 millones de euros anuales para España, coste que supera por creces al gasto público en sanidad. De esta cifra, el 47% del gasto se asociaba a costes indirectos, el 41% a costes directos y el 12% a costes no sanitarios o intangibles.
Cabría pensar que el aumento de plazas PIR que ha tenido lugar
durante la última década y la visibilización de la salud mental ha mejorado la
atención psicológica reduciendo el consecuente gasto público, pero no es así.
Tal y como revela una investigación
realizada por Fremap, mutua colaboradora con la
Seguridad Social, las bajas laborales relativas a la salud mental han aumentado un
30,9% en menores de 35 años entre 2015 y 2021, aumentando también la duración
media de estas a casi cien días.
Las causas más frecuentes de dichas bajas son los trastornos de
ansiedad y depresión, y en ambos casos nos encontramos con una recomendación
común en las guías de práctica clínica: el tratamiento de elección debe ser la
psicoterapia, cuatro veces más eficaz que los psicofármacos a la hora de tratar
ambas problemáticas. Esta eficacia se evidencia en una reducción de los
síntomas más acusada y en una recuperación sostenida en el tiempo, tal y como
sostienen múltiples estudios. A través de un ensayo
realizado con un total de 1.200 pacientes pertenecientes a 28 Centros de
Atención Primaria de 10 comunidades autónomas, se encontró también que la mitad
de los españoles con ansiedad y depresión acuden a su centro de salud con
una hiperfrecuentación, lo que conlleva 19 veces más
consultas que las personas sin problemas emocionales. En consecuencia, el
médico de familia sufre tal exceso de demanda que a menudo no puede dedicar más
de cinco minutos a dichas consultas, prescribiendo en exceso psicofármacos que,
aunque reducen de forma pasajera los síntomas de ansiedad o depresión,
mantienen el origen del problema.
Las
bajas por salud mental han aumentado un 30,9% en menores de 35 años entre 2015
y 2021
¿Se puede convertir la salud mental en un derecho constitucional?
Sí, pero para ello es necesario cambiar el paradigma biologicista. La salud
mental se nutre de lo psicológico, pero también de lo social y lo
económico, algo que pudimos comprobar en primera persona durante el
confinamiento por el coronavirus.
La falta de apoyo social, la medicalización del malestar, la
precariedad económica y la incertidumbre respecto al futuro laboral son caldo
de cultivo para la aparición de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos
crónicos e incapacitantes. En este clima, cabe preguntarse de qué sirve una
plaza PIR más o menos si todas las personas con que mantenías relaciones han
tenido que emigrar y tu familia vive en una ciudad casi marginal a la que a
duras penas llega el AVE; si tu médico de familia no considera relevante tu
problemática y te receta, tras mediar un par de frases contigo, Orfidal a dosis bajas hasta la
siguiente revisión; si tu casero quiere convertir el piso en un apartamento
turístico y todos los alquileres que te puedes permitir están a hora y media de
tu lugar de trabajo o si tu jefe se niega a darte de alta en la Seguridad Social y, a mayores, te exige
horas extras no remuneradas.
Se necesita construir la casa desde los cimientos. Si bien los psicólogos clínicos vertebran el Sistema Nacional de Salud y parte de la sociedad, también lo hacen el resto de condiciones materiales que recurrentemente se pasan por alto. De no protegerlas, la salud mental jamás será un derecho de todos, sino un privilegio de unos pocos.
