El incidente del Zoo de Barcelona
reabre el debate sobre el límite de la Administración
El hombre que la semana pasada se
lanzó a los leones del zoo
de Barcelona, Justo José M.P. (Jujo), había
sido diagnosticado hace un tiempo con un trastorno bipolar, una enfermedad
mental grave que afecta al estado de ánimo salteando episodios de depresión y
apatía con picos de exaltación y euforia. Él mismo reconocía lo que en su
pueblo, Gelida (Alt Penedès), era vox populi: se negaba a tratarse
y rechazaba cualquier tipo de ayuda porque, entre otras cosas, no reconocía su
enfermedad. En el Ayuntamiento admitieron que, tras rechazar su ayuda, no
tenían más “mecanismos ni potestad para decidir sobre él”.
El
desamparo en el que cayó Jujo reabre el debate sobre los
límites éticos y legales de los actores sanitarios y sociales a la hora de
tratar a enfermos mentales que se niegan a medicarse y la eficacia de la red de
apoyo que se articula a su alrededor. En juego, la eterna pugna de derechos
fundamentales como la autonomía del paciente, frente a criterios clínicos que
certifican la necesidad de una intervención forzosa.
El estigma de la enfermedad mental es la clave del
rechazo a tratarse
El
departamento de Salud calcula que una cuarta parte de la población catalana de
más de 18 años presentará un trastorno mental a lo largo de su vida. Pero no
todos entrarán dentro del circuito de atención a las personas que padecen algún
trastorno psiquiátrico. Los expertos consultados aseguran que muchos enfermos,
comoJujo, niegan su dolencia y rechazan medicarse. “El gran
problema es que el paciente no tenga conciencia de su enfermedad porque
dificultará su adherencia al tratamiento”, explica Cristina Molina, directora
del Plan de Salud Mental y Adicciones del Departamento de Salud. El estigma es
la clave de esta negativa. “En nuestro contexto, tener un problema de salud
mental es horrible porque están muy estigmatizados. No quieren recibir ayuda
porque no quieren asumirlo”, apunta Enric Arqués, presidente del Fórum Salut
Mental.
Con
la dolencia mental sin ser reconocida por el paciente —o incluso sin ni
siquiera ser diagnosticada—, los profesionales sanitarios y de asistencia
social poco pueden hacer más que convencer al enfermo para que trate su
trastorno. Por encima de todo, la legislación prima la libertad de decisión y
la autonomía del paciente.
El debate es entre los derechos, como la autonomía, y
el criterio clínico
Lo
único que regula la normativa vigente es que, en caso de que un enfermo sufra
una descompensación importante de su estado de salud donde incluso se tema por
su integridad o la de un tercero, el psiquiatra pueda hacer un ingreso
involuntario: en cuanto el paciente entre por la puerta de urgencias, el psiquiatra
podrá retenerlo en el hospital hasta 24 horas. Transcurrido ese tiempo, el
facultativo ha de solicitar una autorización al juez para mantenerlo ingresado,
porque es una privación de libertad. “Es fundamental mantener los derechos de
la persona, pero la única manera que tenemos para atenderlos y tratarlos es
pedirle al juez que le quite esta libertad en perjuicio de su salud”, apunta el
presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatria, Jordi Blanch. El alta
siempre queda a criterio médico, a no ser que el enfermo haya cometido algún
delito: entonces también interviene la autoridad judicial.
La
otra alternativa, más radical, es iniciar un proceso de incapacitación para
privar a la persona de decidir sobre sí misma. Ha de ser un familiar directo
(marido, padres, hijos o hermanos) o el Ministerio Fiscal (una persona ajena al
enfermo también puede comunicarlo a la fiscalía) quien solicite la
incapacitación del paciente. Con todo, ésta es una medida restrictiva para
casos especialmente graves. “El derecho no lo soluciona todo. Antes de esto hay
que darles más servicios a los enfermos, ayudarlos en lo que no puedan, pero no
privarlos de decidir sobre sí mismos en cuanto se detecta un problema”, apunta
la magistrada Silvia Ventura, titular del Juzgado de Primera Instancia número
40 de capacidad y estado civil de Barcelona.
Vuelve a estar sobre la mesa legislar el tratamiento
ambulatorio involuntario (TAI)
El
sector de salud mental también ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad
de legislar el tratamiento ambulatorio involuntario (TAI), es decir,
administrar medicación de forma forzosa a los pacientes sin ingresarles. Ni
siquiera los propios psiquiatras se ponen de acuerdo. Por un lado, los derechos
fundamentales del paciente que no tiene obligación de tratarse si no quiere.
Por otro, la falta de mecanismos de los facultativos a la hora de atender a
estos enfermos. El cómo se articula este TAI también genera discusión. “Yo creo
que sí que se tiene que legislar, pero tienen que estar bien claros los casos y
preservar los derechos. Por ejemplo, se puede hacer un contrato con el paciente
cuando esté bien. Que firme el consentimiento para que podamos medicarlo cuando
esté descompensado aunque no quiera; o crear comisiones para que valoren los
casos”, opina Blanch.
La
jueza Ventura, en cambio, se muestra contraria a esta práctica. “El TAI no está
regulado y es una privación de libertad. ¿Quién lo controla? ¿Va a ir un
policía a certificar que tomas la medicación?”, cuestiona. La magistrada aboga
por tirar de la red de apoyo y asistencia. “También existen las alianzas
terapéuticas, llegar a un acuerdo entre el médico y el paciente, pero si el
enfermo no te hace caso, tienes que hacerlo reflexionar”, apostilla. El
departamento de Salud también está al tanto de falta de acuerdo. “Estamos a la
expectativa del debate, nos preocupa cómo se articulará”, señala Molina.
Si la gente no quiere ayuda, habría que ver por qué y
revisar las ayudas, dice un experto
Los
actores sociales también lo discuten. “No es razonable privar de libertad a una
persona como en un Estado franquista. El TAI creemos que no funciona. Si la
gente no quiere ayuda, habría que ver por qué y revisar las ayudas. A veces no
quieren medicarse por los efectos secundarios, desde engordar hasta disfunción
sexual, y esto tiene un influencia muy grande”, agrega Arqués.
Tampoco
desde el punto de vista de la bioética queda clara la eficiencia del TAI.
“Tiene que ser una situación muy límite y con argumentos de peso para que,
desde la bioética, se acepte obligar a alguien a medicarse contra su voluntad”,
añade Lidia Buisán, médico e investigadora del Observatorio de Bioética y
Derecho de la UB. “Favorecería que estuviese reglado para facilitar el bienestar
de la persona y su entorno; pero choca con la autonomía ¿quién conserva las
capacitaciones y quién no?”, cuestiona Adam Benages, del grupo de trabajo de
salud mental del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña.
Las visitas a salud mental han aumentado, pero los
recursos son los mismos, dicen las entidades
Los
expertos coinciden en que, pese a tener una red asistencial bien definida,
faltan recursos para implementar el colchón de apoyo a enfermos y familiares.
“Tendría que haber un sistema de protección social para evitar que se hagan
daño, pero integrados en la sociedad. Si los pacientes están diagnosticados
tiene que haber un seguimiento y un apoyo institucional”, apunta Buisán.
“Apoyo, recursos de seguimiento y legislación más clara”, continua Blanch.
A
pesar de que las visitas a salud mental han aumentado, critican las entidades
del sector, los recursos continúan siendo los mismos. “No invertimos suficiente
en campañas antiestigma y la red de apoyo social y de acceso al tratamiento no
está al nivel que debería estar”, manifiesta Arqués. El Fórum Salut Mental
aboga por adaptar y flexibilizar las redes para que también accedan los
enfermos con más reticencias. “Tienen poco soporte social. Nuestro gran
problema es que no hay servicios: se reducen plazas públicas, las camas de
agudos escasean…”, concluye la juez Ventura.
Los expertos
insisten en que hay que abordar el problema para evitar otra situación de
desamparo como la de Jujo. “No nos podemos permitir que una
persona se tire a los leones. Es una desprotección total: hay que encontrar
mecanismos para que la gente no se dañe preservando sus derechos”, sentencia
Buisán.
